El impacto electoral de la Ley de Seguridad Interior

Desde que el Senado de la República aprobó el pasado 21 de diciembre la Ley de Seguridad Interior (LSI), instituciones y organismos nacionales e internacionales, nos hemos proclamado en contra de la Ley de Seguridad Interior, resaltando los problemas de inconstitucionalidad que representa para la democracia mexicana.

Entre algunos de estos problemas que ésta presenta, con base en el análisis exhaustivo que hicimos en la Ibero, concluimos que los siguientes son principales

  1. La autorización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y de investigación, lo que contradice directamente al artículo 21 constitucional.
  2. El empleo de conceptos ambiguos que permiten usar la fuerza del Estado en forma arbitraria.
  3. La posibilidad de que la LSI da a las fuerzas armadas para actuar sin la subordinación a las autoridades civiles, e incluso al mando de las mismas, en contravención de la propia Constitución; cuando en ningún concepto constitucional e instrumento jurídico internacional firmado por México, se autoriza que las fuerzas armadas tengan el mando en tareas de seguridad pública.
  4. La anulación de los mecanismos de control y de rendición de cuentas en las operaciones asociadas a la seguridad interior.
  5. La norma viola los principios fundamentales de derecho de transparencia y acceso a la información, ya que la Ley de Seguridad Interior invierte el principio de máxima publicidad constitucional por uno de máxima opacidad, al declarar que todas las operaciones asociadas a la seguridad interior estarán clasificadas como información de seguridad nacional, y en ese sentido es reservada.

Éstas son sólo algunas de las razones por las que esta ley debe ser suspendida. Es por eso que hemos hecho un llamado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, evalúe y tome una decisión a la altura del debate que conlleva la LSI, pues en el resultado de su decisión estará el futuro de los derechos humanos de los ciudadanos y nuestra democracia.

Rechazo institucional

Otra de las problemáticas que surgen a partir de esta promulgación, es que se proclamó a un año de que el actual gobierno finalice su mandato. Y sobre todo, que este debate se está desarrollando en medio de la contienda electoral, lo que puede influir en el rumbo que concierne a la LSIY esto no sólo lo piensa la ONU, la CIDH, y organizaciones. Es un temor internacional.

Con un análisis profundo, no parece coincidencia la transferencia de autoridad a las fuerzas armadas mexicanas en el periodo previo a las elecciones presidenciales, que puede buscar legitimar a un candidato perpetuando la larga lista de violaciones de los derechos humanos en México, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y el cumplimiento forzoso; proceso que por ningún motivo brindará soluciones a los problemas y desafíos de seguridad que sufre nuestro país actualmente.