Entendiendo la nueva ley de tecnología financiera

Entendiendo la nueva ley de tecnología financiera

Por Andrea Cordero Olmos
En los últimos años, hemos sido testigos de una transición en el comercio de bienes y servicios. Derivado de la aplicación de nuevas y mejores tecnologías, hemos visto cómo el comercio electrónico mediante tecnología financiera se ha vuelto una opción cada vez más confiable para los consumidores, dejando de lado al consumo en tiendas físicas o retail.

A partir de dicha evolución, se ha creado un nicho de nuevas tecnologías que intentan aprovechar este momentum para generar más formas de hacer comercio que ahora también incursionan en el sector de servicios financieros.

Sumado a lo anterior, surge una nueva opción: las monedas virtuales.

La primera; bitcoin, nació en 2008 a partir de la coyuntura que rodeaba la crisis económica de aquel año en Estados Unidos.

Con ella, surgieron nuevas tecnologías que fomentan la descentralización de sistemas, como la “tecnología en cadena de bloques”: blockchain.

Ésta, si bien es la base de algunas criptomonedas como bitcoin, también es la base para descentralizar muchos servicios, dando certeza al usuario por su alto nivel de seguridad.

Inclusión financiera

En general, las nuevas tecnologías aplicadas al sector financiero permiten el desarrollo de nuevos modelos de negocio, sobre todo en los sectores de lending, crowdfunding, y pagos a través de medios electrónicos.

Al final, estos modelos tienden a propiciar una de las necesidades más importantes de este país: la inclusión financiera.

Así, se hace evidente la necesidad de crear una ley que regule la incipiente participación de la tecnología en el sector financiero mexicano.

Como resultado, el 9 de marzo de este año, se publicó el decreto mediante el cual se emite la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (la llamada “Ley”).

Ésta tiene como objeto regular a las instituciones de tecnología financiera (las “ITF”), así como establecer las condiciones necesarias para que dichas instituciones puedan desarrollar innovaciones tecnológicas en espacios regulatorios seguros.

La Ley reconoce dos tipos de IFT: las instituciones de financiamiento colectivo crowdfunding y las instituciones de pago electrónico e-money.

Motivo de la Ley

En este sentido, el fin principal de la Ley es crear una atmósfera de seguridad para el público en general; sin embargo, a los ojos del sector emprendedor, la ley puede leerse como un obstáculo que puede desincentivar la innovación en el sector financiero.

Esto ya que implicará condicionar su operación al cumplimiento de ciertos requisitos y umbrales.

Si bien la Ley impondrá requisitos para autorizar las operaciones de las IFT, así como para vigilar las mismas periódicamente, existe cierta flexibilidad en la misma para regular a cada IFT con base en los riesgos que cada una de ellas pueden acarrear.

Un ejemplo de ello es que las ITF deberán mantener un capital neto que se expresará mediante un índice en relación con el riesgo operacional.

En la misma línea, podemos hablar de otros que incurran en su operación.

Es decir, el capital que deberá mantener cada IFT será calculado en cada caso particular. Esto será con base en:

  • Al saldo promedio de los fondos de pago electrónico que hayan emitido durante un periodo determinado
  • El número y monto de la transmisión de fondos de pago electrónico que se realicen durante un periodo determinado
  • El número y monto del ingreso de recursos que se realicen durante un periodo determinado.

No obstante, aún si la Ley resulta un instrumento flexible que sin duda representará una buena herramienta para proteger al público inversionista y al público en general.

Queda en manos de las autoridades financieras, la carga para crear una regulación secundaria que no sobreregule, ni dificulte el desarrollo de nuevas tecnologías, plataformas y entidades que a la larga pueden mejorar la incursión y participación ordinaria de los mexicanos en un sector financiero moderno y accesible.

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